El gobernador del Banco Central advirtió sobre artículos de la Ley Monetaria y Financiera, que establecen sanciones
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, destacó la fortaleza de las entidades que conforman el sistema financiero dominicano, como dijo lo reflejan los indicadores más recientes.
Al comparar el nivel de crecimiento de los activos totales del sistema en mayo 2016 con mayo 2015, el gobernador dijo que ascendió a 9.06%, con un nivel de rentabilidad del capital de 15.49%, y niveles de morosidad de cartera de tan solo 1.94%.
Preguntado sobre los rumores que han circulado sobre el Banco de Reservas en algunos medios electrónicos, Valdez Albizu desmintió de manera categórica que la institución bancaria haya presentado una posición de desencaje, como señalara “de forma desaprensiva y difamatoria” un grupo denominado como Comité Nacional de la Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), aparecido en algunos periódicos digitales, entre los cuales se encuentran 7dias.com.do, y almomento.net, el 15 de junio de 2016.
El gobernador enfatizó que el Banco de Reservas no ha presentado problemas de encaje legal por lo menos en los últimos 30 años, y que por el contrario, esta entidad se ha caracterizado por dar un cumplimiento estricto a la política de encaje legal y a las demás normas bancarias.
Informó adicionalmente que el Banco de Reservas, posee una posición de encaje legal excedentaria, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera.
Valdez Albizu indicó que actualmente, de los depósitos en overnight ascendentes a RD$23,242.8 millones, el Banco de Reservas posee el 35%, es decir, unos RD$8,130.0 millones, mientras que la posición excedentaria de encaje legal de la banca múltiple asciende a RD$1,292.5 millones, de los cuales el 26% corresponden al referido Banco de Reservas.
Advirtió que el Art. 80, literal A, de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, establece que aquellas personas físicas o jurídicas, que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera podrían ser sometidas ante los tribunales de la República, siendo sancionados con multas de RD$ 500,000.00 A RD$2, 500,000.00 y penas de 3 a 10 años de prisión.
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