Franklin Almeyda, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reveló que los procesos judiciales contra importantes figuras dominicanas y de otros países obedecen a un plan de sectores políticos derrotados en las competencias electorales, que diseñaron la estrategia de judicializar la política.
La reunión a la que hace referencia se realizó en Atlanta, Estados Unidos, en octubre del 2012, siendo patrocinada por la Fundación Paz Global, agrupación catalogada como muy de derecha y con sede en Estados Unidos, presidida por el empresario Hyun Jin Moon.
“Allí se acordó judicializar la política. El planteamiento fue que en vez de discutir en el planteamiento en el terreno del debate electoral o político se discutiera en el terreno judicial”, relató Rancier, tras ser entrevistado en el programa Diario de Cuatro.
Declaró que en la actividad estuvieron presente el ex presidente Hipólito Mejía, así como los ex presidentes Luis Alberto Lacalle y Vinicio Cerezo de Uruguay, este último fungiendo como moderador, en presencia de unos 200 delegados.
Narró que uno de los argumentos fue que ante el terreno ganado por las fuerzas progresistas en las urnas electorales en varios países como República Dominicana, Argentina, Brasil y Chile, decidieron trasladar la batalla del campo político al terreno de la justicia. De ahí en adelante, argumenta, es que se comienza a ver la judicialización de la política en la República Dominicana, con acusaciones judiciales a figuras políticas, como se ha visto en otros países de la región.
Atribuyó ese plan a un sector de derecha, aclarando que no tiene nada que ver como política de Estado del gobierno de Los Estados Unidos. Puso como ejemplo la embestida contra el ex presidente y presidente del PLD, Leonel Fernández, así como Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y Dilma Rouseff, en Brasil.
Precisó que el inconveniente con que se encontró Mejía en ese encuentro fue que en los gobiernos del PLD se escogieron los jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura con transparencia, y ningún partido puede afirmar que controla la magistratura. “El PLD ha hecho un gran esfuerzo por la independencia y autonomía de los tribunales del país, los cuales actúan conforme a la Constitución y las leyes”, destacó.
