Magdalena Lizardo, viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo, dijo que la Ley de Ordenamiento Territorial “es un proceso de construcción del Estado democrático de derecho, donde puntualizamos no solamente derechos individuales, sino cómo garantizamos un ejercicio de esos derechos colectivos y difusos”.
En el marco del Seminario-Taller “Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial en República Dominicana”, celebrado los días 29 y 30 de enero pasado en esta capital, Lizardo consideró que es una necesidad la coordinación interinstitucional en un contexto difícil, porque en República Dominicana se suele entender que los espacios de las instituciones pertenecen a sus ejecutivos y “las situaciones con las que tenemos que lidiar se vuelven tan complejas que van más allá de lo que una institución aislada puede hacer”.
“Los problemas son mucho más institucionales y se necesitan actores que comprendan esa complejidad”, dijo Lizardo, al agregar que los instrumentos de planificación paulatinamente están aportando.
Sostuvo que con la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones Únicas de Planificación, lo que se quiere es facilitar la vida a los ciudadanos y a los actores productivos.
“Las leyes y los reglamentos deben estar diseñados para facilitar la vida: uso sostenible y la cohesión social del territorio”, expresó Lizardo, quien agregó que “necesitamos pensar en instrumentos relativamente ágiles y flexibles para que no se conviertan en una retranca para el logro de los objetivos”.
Pidió a todos los sectores mirar los instrumentos que están planteados “con mente abierta y crítica sobre lo que estamos abriendo políticas efectivas para que a los ciudadanos se les facilite su vida productiva en el marco del desarrollo sostenible, para reducir pobreza y desigualdades”.
De su lado, el experto de la CEPAL Jorge Máttar dijo que la importancia de un sistema de ordenamiento territorial para la conformación de una estructura tiene que verse por la vinculación con otros sistemas, lo que permite que sea útil para el proceso y la relación con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
El Taller fue cerrado con un acto en el que hablaron la doctora Magdalena Lizardo, Jorge Máttar y el diputado Radhamés González, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados.
Diputados aprobarán nueva legislación
De su lado, al pronunciar unas palabras en el cierre del seminario, el diputado Radhamés González, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Baja, dijo que las leyes de ordenamiento territorial y de regiones únicas de desarrollo vienen a solucionar problemas cotidianos en materia de aprobación de leyes.
González afirmó que en la mayoría de las secciones de la Cámara de Diputados aparecen proyectos de elevación de categoría de comunidades. “Un diputado quiere convertir un barrio en municipio y toda esa presión va a la comisión que presido, en muchísimos de los casos, insostenible”, agregó.
Expertos de Latino América
Expertos de Perú, Argentina y Costa Rica expusieron la experiencia de sus respectivos países con respecto a las leyes a contemplar.
Julio López Mas, catedrático de la Universidad de San Marcos, de Perú, dijo que en ese país se ha logrado establecer un sistema de ordenamiento territorial que procura impulsar un proceso “estratégico, integrado, eficaz y eficiente de ordenamiento y gestión territorial” para tratar de asegurar el desarrollo humano en todo el territorio nacional, en un ambiente de paz.
Mientras, el arquitecto Carlos Verdecchia, de Argentina, explicó que la ley en su país incluye, como aspectos estructurales, un primer título que define el ordenamiento territorial y del uso del suelo, luego lo relativo a los planes de ordenamiento territorial, la institucionalidad del ordenamiento territorial y las disposiciones especiales.
Para la doctora María de los Milagros Muñoz, coordinadora de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación, de Costa Rica, la ley en su país se desarrolla a través del trabajo conjunto del Gobierno Nacional con todas las jurisdicciones federales y los países de la región Centroamericana.
