Algunos aspirantes presidenciales de nuestro país han madrugando en busca de un buen posicionamiento ante las que serán las elecciones presidenciales del 2024.
Sin embargo, esto ha dado pie para que algunos llamen a la Junta Central Electoral (JCE) a limitarles el accionar en base a las leyes.
La JCE salió ayer al ruedo y ordenó el cese inmediato de estas actividades, bajo la advertencia de que podrían ser sancionados.
Las sanciones abarcan el pago de uno a 200 salarios mínimos y hasta la pérdida de la candidatura, de ser declarada inadmisible.
El organismo recordó que las leyes 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 15-19, de Régimen Electoral, tienen trazados los tiempos de precampaña y campaña.
Los aspirantes presidenciales deben estudiar los tipos de actividades a realizar
La precampaña inicia oficialmente en julio del 2023, un tiempo muy corto para un aspirante perfilarse mejor en el gusto del ciudadano y más aún luchando con un presidente de la República y posible aspirante presidencial.
Nuestro país no tiene buenos antecedentes de lo que es un perfilado candidato desde el inicio hasta el final.
Lo ideal sería que todos los aspirantes presidenciales evalúen formas en que se pueden mantener en el escenario, sin que les quemen las luces.
Porque al fin y al cabo, la obra de gobierno será la carta de presentación del actual presidente y los aspirantes también tienen que trabajar en la suya.
Los que provocaron la advertencia
Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y Carlos Amarante Baret, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han expresado muy activamente sus aspiraciones para optar a la precandidatura presidencial.
Otro que ha estado involucrado en diversas actividades es Leonel Fernández, quien representaría a la Fuerza del Pueblo de cara a unas elecciones presidenciales.
Todos estos actores son el principal foco de la advertencia de la JCE, ya que desde que se activaron no se hicieron esperar los llamados de diversos ciudadanos para que la institución les recordara las leyes.
Ahora resta esperar por las diversas reacciones, tanto los que aplauden la advertencia de la JCE como los que no están de acuerdo.
Y en el caso de los aspirantes, lo que manda es el accionar debido, no la exclusión.
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