La violencia exhibida en Hatillo Palma traspasa la justicia y los derechos de unos ciudadanos, que si bien comparte nacionalidad con los agresores, no son los responsables
El pasado martes 18 una empleada del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Hatillo Palma, provincia Montecristi, denunció que tres haitianos le habían violado, hecho que provocó una casería iniciada por dominicanos y dominicanas, que en demanda de justicia quemaron viviendas de inmigrantes haitianos residentes.
Para hoy jueves ha trascendido que la dominicana supuestamente violada y agredida por los haitianos se quejó de que autoridades policiales y judiciales no han dado la debida atención a su caso. Mediante mensaje de Whatsapp hecho público en una serie de medios de comunicación, alegó que si la agredida fuera hija de una autoridad la situación fuera otra.
Carolina Altagracia Cruz Peguero, indignada, además indicó que familiares han que han demandado acciones ante el caso han sido amenazados por agentes policiales.
Violencia sistematizada
La violencia ha imperado en este caso, recordando que tras la referida violación moradores locales sacaron a la fuerza cientos de haitianos, mientras otros huyeron por temor a las acciones violentas escenificadas.
El miércoles siguiente a la violación los enfrentamientos se intensificaron de tal manera que autoridades policiales de Mao, Valverde y Villa Vázquez intervinieron en el conflicto, logrando que cesaran los enfrentamientos violentos.
Diversas organizaciones sociales de Hatillo Palma demandaban expulsar todos los haitianos, llegando incluso a dar un plazo de 30 días a las autoridades para sacar los haitianos de la localidad.
Al respecto, el alcalde del municipio, Junior Fondeur Ramírez, ha informado que el lugar ha sido invadido por haitianos, en su mayoría indocumentados, haciendo público su deseo de que los mismos dejen el lugar.
Ninguna persona puede disponer de desalojos, detenciones y agresiones
Otro que se pronunció respecto a los incidentes desarrollados a raíz de la violación fue el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien advirtió que ninguna persona puede disponer por sí misma de desalojos, detenciones y agresiones a nacionales y extranjeros.
“Quien así pretenda actuar será llevado a la Justicia, sin contemplación. Pretender desencadenar procesos incivilizados como estos atenta contra los principios de convivencia más elementales”.
En comunicado, comentó que ha dado seguimiento permanente a los desafortunados hechos que se han suscitado en los últimos días y ha dispuesto las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido, a fin de determinar responsabilidades para quienes han violado la ley.
Justicia vs violencia
Algunos detalles del caso no han sido aclarados, porque aunque la mujer violada por los haitianos ha denunciado que agentes policiales amenazan su familia, aún no se ha expuesto el por qué de esas amenazas.
La situación continúa en manos de las autoridades, quienes en voz del procurador Domínguez Brito han señalado que investigarían para dar con los responsables y someterlos a la justicia.
La violencia exhibida en Hatillo Palma traspasa la justicia y los derechos de unos ciudadanos, que si bien comparte nacionalidad con los señalados agresores, no son los responsables de lo ocurrido.
Cualquier acción similar sólo repercute en el desmedro de nuestra sociedad, porque la justicia en manos de los ciudadanos, y sin siquiera estar enfocada en los acusados, como en este incidente, sólo es un paso más hacia una anarquía que podría estar a la vuelta de la esquina.
