Domínguez Brito dice sistema de justicia sigue favoreciendo la impunidad

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El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, criticó el descargo del exdirector de Prisiones, Mario Acosta Santos, acusado de incurrir en presuntos actos de corrupción y soborno, por considerar que el sistema de justicia favorece la impunidad al margen de los esfuerzos que se realizan para perseguir y sancionar ese flagelo.

Calificó de inconcebible ese tipo de decisiones, por entender que con las mismas se sigue enviando un mal mensaje a la sociedad de que prevalezca la impunidad, pese a la existencia de pruebas que a todas luces comprometen la responsabilidad penal de los imputados.

Dijo que a pesar de ello, sus esfuerzos y compromiso contra la corrupción continúan firmes. «No podemos permitir que acciones como estas sigan lacerando la lucha contra la corrupción, debe haber un límite, es muy fuerte que hechos tan condenables como esos queden sin castigo, y se siga diciendo a la sociedad, que tanto ha sufrido por esos hechos, que aquí no hay sanciones para esos casos”, expresó.

Pese a que el Ministerio Público había pedido dos años de prisión por los citados delitos, el exfuncionario fue descargado mediante una decisión del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Distrito Nacional, el cual dispuso el cese de cualquier medida de coerción que exista en su contra.

Recordó el caso del exprocurador general adjunto, Mario Acosta, acusado de presuntamente recibir un millón de pesos para gestionar un traslado carcelario en beneficio del implicado en una poderosa red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino.

Cordero Martínez, quien obtuvo posteriormente la libertad condicional, actualmente es perseguido por presunta vinculación con una red de narcotráfico integrada por dominicanos y peruanos.

Domínguez Brito llamó a tomar conciencia sobre la necesidad de aplicar sanciones ejemplares que envíen una señal clara a los que incurran en cualquier tipo de delito en perjuicio del Estado y sus ciudadanos, siendo castigados acorde a la comisión del hecho, por el bien del sistema de justicia y el país en sentido general.

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