El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) anunció su participación activa como aliado al proceso por la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.
El pronunciamiento lo hizo el vicepresidente del CONEP, Rafael Paz, en un encuentro realizado en el salón George Arzeno Brugal del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), representado por el viceministro de Planificación, Juan Tomás Monegro, y por el director general de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Franklin Labour.
Por la matrícula del CONEP participaron el Central Romana, el Grupo Punta Cana, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Grupo Cisneros, la Asociación de Industrias y firmas de abogados Holsteinson y Asociados, representada por su gerente general Alexander Holsteinson, y DMK Abogados.
Por el MEPyD estuvieron, además de Erick Dorrejo, Gerente de Proyectos; Marcos Martínez, encargado de Seguimiento; y Omar Rancier, de la Dirección de Ordenamiento Territorial.
Background
Se recuerda que expertos de Perú, Argentina y Costa Rica expusieron las experiencias de sus respectivos países en materia de Ordenamiento Territorial, en el marco del seminario-taller “Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial en República Dominicana”, que se desarrolló el jueves 29 y el viernes 30 de enero de 2015 en esta capital.
En esta actividad, Magdalena Lizardo, viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo, ha expresado que la ley de ordenamiento territorial es un proceso de construcción del Estado democrático de derecho, donde se puntualizan tanto los derechos individuales como el ejercicio de los derechos colectivos y difusos.
De su lado, el diputado Radhamés González, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, dijo que necesitamos la Ley de Ordenamiento Territorial, junto a la de uso de suelo, regiones únicas y la ley de asentamiento humano, por considerar que muchos asentamientos humanos carecen de titulación. Asimismo, prometió hacer una gran vista pública en la Asamblea Nacional, para al final de la primera legislatura sea aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial y la de Regiones Únicas de Desarrollo.
