Los fiscales destituidos por el caso DICAN nunca podrán ejercer en el Ministerio Público y durante cinco años están inhabilitados para desempeñar cualquier función pública
La Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre la cancelación de dos fiscales de la provincia Santo Domingo implicados en la investigación de más de 900 kilos de cocaína, en supuesta complicidad con altos mandos que laboraban en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN).
Según la PGR, los ex fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Beras Castro “traicionaron el sentido del honor del Ministerio Público con hechos inadmisibles que no vamos a tolerar”.
El próximo 26 de enero se dará lectura íntegra del dispositivo del Tribunal Disciplinario del Ministerio Público, en el Salón de Prensa de la Procuraduría.
Los fiscales destituidos nunca podrán ejercer en el Ministerio Público y durante cinco años están inhabilitados para desempeñar cualquier función pública, según consta en la decisión adoptada por el referido Tribunal Disciplinario que preside el magistrado Carlos Castillo.
Para tomar la decisión se celebró una audiencia, extendida por más de 10 horas en el cuarto piso del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde también participó como testigo el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, titular de Inspectoría de la Procuraduría quien sometió el expediente, además de la raso de la Policía Nacional, Raydilis García Miranda, adscrita al DICAN, y el sargento Antonio de los Santos.
Los fiscales fueron sometidos a la justicia junto otros implicados, incluyendo al exdirector del DICAN, Carlos Fernández Valerio, por presuntamente haber sustraído la droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre de 2014, en un caso que se sigue en la jurisdicción del Distrito Nacional.
