Para la AEIH es fundamental que los veedores asuman su responsabilidad de denunciar toda tramposería detectada
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) alertó sobre la irrupción de una “creatividad mafiosa y perversa”, que entiende pone en riesgo los valiosos esfuerzos por la transparencia de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y de otros organismos del Estado.
Ante esa situación, la entidad empresarial, que preside Antonio Taveras Guzmán, exhortó a la red de veedores de las instituciones públicas a jugar su rol soberano de denunciar, ante los funcionarios responsables y frente al público, los desmanes que detecten en los procesos de compra.
Desde su óptica, las denuncias públicas contribuirán con el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública, bajo la consideración de que hay “funcionarios tramposos” que “se hacen los chivos locos y barajan las cosas cuando los veedores hacen llamados a la atención” y sólo reaccionan si ven las trampas públicamente denunciadas.
“Es hora de emprender una campaña dura desde la sociedad para frenar esa carcoma, ese virus que corroe al sector público. Para eso es fundamental que los veedores asuman su responsabilidad, que denuncien toda la tramposería detectada, que no dejen sola a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas”, sostuvo el presidente de la AEIH.
Taveras Guzmán señaló que la sociedad valora positivamente los esfuerzos por la transparencia en compras públicas y la iniciativa de establecer las veedurías, por parte del Ministerio de la Presidencia, en instituciones del Gobierno para garantizar operaciones de compra sin que medie la corrupción administrativa.
“La sociedad tiene que apoyar a los veedores y exigirles que cumplan con la responsabilidad que voluntariamente han asumido y quienes no estén dispuestos a hacerlo, que cedan el espacio a otros dispuestos a jugárselas,” indicó Taveras Guzmán, al señalar que el país requiere instituciones fuertes y transparentes.
El presidente de la AEIH expuso que, en paralelo con la asunción de su responsabilidad de parte de las veedurías, es esencial que el Gobierno ponga en funcionamiento un sistema de consecuencia ante denuncias comprobables que se realicen acerca de compras y contrataciones corrompidas.
