El hecho de que las autoridades de la JCE no hayan presentado de manera oficial los resultados del recién celebrado proceso electoral revela una falla profunda en el sistema
Por Sergio Acevedo del PRSC
La gran cantidad de fallas que surgieron del proceso electoral recién celebrado, revelan con toda claridad la necesidad de que el país se aboque a una reforma profunda de las normas que rigen la materia, como una condición imprescindible para garantizar el voto de la ciudadanía y para mantener vigentes los principios democráticos.
El derecho fundamental de un ciudadano, aparte del derecho a la vida, es el de elegir y ser elegido, cuyo ejercicio le otorga un poder determinante en cuanto a su participación en la formación de los poderes públicos, así como en la elaboración de políticas sociales y económicas en beneficio de la sociedad. Ese ejercicio es consustancial a la vigencia de un sistema de democracia, no solo representativa, sino también participativa, en la cual el ciudadano sea el centro de todas las decisiones.
No constituye un modelo de democracia operante, la circunstancia de que todavía a casi un mes de celebrado el proceso electoral, aún las autoridades no hayan presentado de manera oficial los resultados del mismo, lo que revela una falla profunda en el sistema, falla que demanda una urgente revisión de las normas, de suerte que el proceso sea más operante y fluido, al tiempo que ofrezca garantía de que la decisión del electorado será respetada religiosamente.
Los actores políticos y los representantes de la sociedad civil, cifran la esperanza de que con la aprobación de una Ley de Partidos se puedan corregir las grandes debilidades que pudo observarse en el proceso electoral, sin embargo, hay quienes se muestra pesimistas y escépticos en cuanto a la intención y decisión de las presentes autoridades, para aprobar un modelo de reforma que satisfaga las exigencias del sistema.
Se argumenta, no sin acento de razón, que al equipo mandante lo que le conviene es que las cosas se queden como están y, en grado sumo, que se adopte un mecanismo hecho a la medida para favorecer al partido oficial que ha sido el mayor beneficiado de todas las debilidades del sistema.
El PRSC está claro de que no es posible celebrar elecciones en condiciones de igualdad y libertad, si no se adoptan mecanismos regulatorios que ofrezcan garantía de equidad a las organizaciones concurrentes. Y en ese tenor, nuestro partido ha asumido la vanguardia en la lucha para que se logre ese objetivo que es vital para la democracia.
Tal ha sido el empeño del PRSC en el abordaje de ese tema que nuestro partido convocó hace poco más de un año un seminario internacional durante el cual se debatió, entre otros temas, todo lo relativo a le ley de partidos y se examinaron a profundidad todos los proyectos sometidos al Congreso y que no han ameritado la consideración de los congresista por más de 10 años.
La posición de nuestro partido fue clara, nuestro líder Quique Antún presentó la propuesta de que se debe aprobar un Código Electoral, en donde estén compendiadas todas las disposiciones sobre la materia, por considerar que lo saludable y democrático es que la ley establezca controles que garanticen la participación en condición de igualdad, que no se utilicen los bienes del Estado, directa o indirectamente para la actividad política.
Que el abuso y la arrogancia del poder no se impongan, que se controlen los tiempos de campaña, que las campañas sean de ofertas y que no perturben el normal desenvolvimiento de la sociedad. Que la Junta Central Electoral tenga el control permanentes de los recursos que ingresan a la campaña, que se garantice una plena participación de la mujer y la juventud, que se respeten los derechos adquiridos por los miembros de los partidos al interior de las organizaciones, en fin, que se implementen cuantas medidas sean necesarias para que la democracia prevalezca.
El Código Electoral planteado por el PRSC procura integrar todas las leyes que habrán de crearse y las que habrán de reformarse, estas son la Ley Electoral, Ley de Partidos Políticos, Ley de Garantías Electorales, entre otras, las que constituyen un aporte significativo a la democracia política por la que hemos luchado después de la caída de la dictadura.
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