Representantes del Ministerio Público (MP), actuantes ante la acusación que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) eleva contra el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, aseguran que solamente en el desarrollo de un juicio de fondo el país podrá saber cómo los imputados de este caso pasaron de devengar entre 18 mil y 57 mil pesos a manejar grandes fortunas.
El Ministerio presentó dentro de la oferta probatoria diversas certificaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos a solicitud de la PEPCA.
Entre los principales imputados y más cercanos a Bautista, uno de los que actualmente ostenta mayor fortuna, es Carlos Manuel Ozoria, quien antes del 2004 tenía las cuentas bancarias embargadas, mientras en la actualidad exhibe empresas como Hormigones del Caribe, con valores superiores a los 33 millones de dólares.
Dichas certificaciones dejan en evidencia por ejemplo, que ninguna de las más de 40 empresas vinculadas al entramado societario financiero encabezado y controlado por Félix Bautista, previo al 2004 cuando éste asumió la dirección de la OISOE, no habían presentado movimientos bancarios ni realizado reportes de pagos de impuestos significativos, destacando que la gran mayoría de dichas empresas empezaron a realizar pagos de impuestos a partir del 2012, por lo que muchas presentaban moras considerables.
El Ministerio presentó documentos debidamente certificados que dan cuenta que ninguno de los involucrados en la red de asociaciones habían realizado movimientos bancarios mensuales considerables antes del 2004, y que en el caso específico del actual Senador y su exesposa antes de la citada fecha, el mismo no había presentado movimientos bancarios ni reportes de impuestos que no estuvieran ligados únicamente a los salarios que mensualmente devengaba el entonces funcionario, los cuales ninguno superaba los 60 mil pesos mensuales.
Otro de los puntos destacados fue el caso de la empresa Consorcio Hemisferio Imperial, la cual en apenas tres años y medio de conformada realizó movimientos bancarios por más de 74 millones de dólares y más de 3 mil millones de pesos, sin que reflejara ni un sólo bien o inmueble bajo su propiedad ni pago de impuesto.
También se refleja que solamente la empresa de razón social Diprecalt registra una nómina vehicular de más de150 unidades, así como múltiples plantas de asfalto, casas de veraneo en Samaná, villas en el reconocido complejo de Casa Campo en La Romana, así como un sinnúmero de lujosos apartamentos.
