A FINJUS le preocupa la escala tarifaria que establece la nueva Ley, incrementado irrazonablemente los costos establecidos en pasada normativa
La Fundación Institucionalidad y Justicia –FINJUS-, al ponderar la reciente adopción y promulgación de la Ley 140-15 que regula el Notariado Dominicano y crea el Colegio Dominicano de Notarios, manifiesta preocupación por las distorsiones y efectos negativos que acarrearía su aplicación en el desarrollo de la economía y la sociedad.
Aunque la Ley 140-15 es un instrumento que procura adecuar la función notarial a los cambios políticos, sociales, económicos, legales e institucionales del país, según FINJUS su adopción ha generado gran rechazo en múltiples sectores sociales debido a que descansa en una grave distorsión sobre la naturaleza de la Función Notarial, que es de carácter público y debe servir al interés general.
La institución agregó que los notarios en nuestro ordenamiento jurídico ejercen una función pública que le ha sido delegada por el Estado, y es la de dar autenticidad y fecha cierta a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, por lo que sus actos deben responder a lo establecido por la Constitución en su artículo 147, en virtud de satisfacer las necesidades de interés colectivo.
Ante lo expuesto, a FINJUS le preocupa la escala tarifaria que establece la nueva Ley, incrementado irrazonablemente los costos establecidos en la normativa derogada.
“El establecimiento de tarifas para la remuneración de los notarios constituye una fórmula por la que el Estado financia entre sus usuarios los gastos de índole personal y material inherentes al desempeño de la función notarial, a efectos de preservar los intereses generales del conjunto de la sociedad”, recordó la entidad en comunicado de prensa.
Avalando su advertencia en el hecho de que la tarifa de honorarios profesionales de los notarios está sujeta al principio de equidad, recogido en el artículo 147.2 de la Constitución, FINJUS dijo que las tarifas deben ser justas y razonables, tanto para el prestador del servicio como para el usuario.
Por todo lo anterior, la entidad informó que se une a los sectores que reclaman que la Ley 140-15 sea urgentemente revisada y se ajusten los aspectos negativos y distorsionadores señalados anteriormente, en base a estudios de factibilidad social y económica que debieron ser realizados previo a su adopción, en base al consenso de todos los sectores involucrados en este servicio.
