Mediante guerra mediática se ha construido una historia de corrupción contra Dilma Rousseff
Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil solicitaron este viernes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la suspensión del proceso de destitución que se desarrolla contra la presidenta Dilma Rousseff, porque no hay delito imputable sino un golpe de Estado.
«No hay ni siquiera un proceso penal, no hay ley que defina esa conducta como crimen, además de todas las infracciones legislativas en el proceso», dijo el diputado Paulo Teixeira en su defensa de la mandataria suspendida.
La comisión es una dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), y aunque no se ha pronunciado sí solicitó al gobierno interino de Michel Temer una explicación sobre el asunto, con argumentos sobre la naturaleza del proceso.
Los otros diputados que solicitan la suspensión del proceso son Wadih Damous y Paulo Pimenta.
Dilma Rousseff fue suspendida de su cargo (y se busca destituirla definitivamente) bajo el argumento de haber tergiversado el déficit fiscal del año 2014 y el caso se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas de Brasil que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese ejercicio.
El Estado brasileño gastó más de lo que tenía presupuestado y para financiar ese dispendio adicional decidió emplear un mecanismo conocido como pedalada fiscal, que implica endeudarse con bancos, pero ese mecanismo ha sido utilizado previamente por políticos de todos los partidos de Brasil, sin llegar en ningún caso a un proceso de destitución, explicó el economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Wahren, citado por Rusia Today.
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